Por Jennifer González
AFP
Los cárteles del narcotráfico han convertido a México, un país de
profunda tradición religiosa, en escenario de una violencia que deja más
de 50.000 muertos en cinco años, de la que no escapan sacerdotes
asesinados mientras otros son acusados de aceptar dinero de capos para
construir templos.
Durante el gobierno del presidente Felipe Calderón, que lanzó los operativos antidroga con alta participación militar, han sido asesinados 13 sacerdotes y una periodista de un movimiento misionero laico católico fue decapitada y su cabeza dejada sobre un teclado a la entrada de un diario del estado de Tamaulipas, noreste.
“México se ha convertido en el país latinoamericano más peligroso para ejercer el ministerio sacerdotal”, señala un estudio del Centro Católico Multimedial (CCM) difundido recientemente en la prensa mexicana.
El cardenal hondureño Oscar Rodríguez Maradiaga, presidente de Caritas International, dijo a la AFP en Roma que el papa Benedicto XVI condenará el “flagelo del narconegocio” durante el viaje a México del 23 al 26 de marzo y se dirigirá con “claridad” a los narcotraficantes “que pretenden ser católicos” pero son “artífices de gran parte de la violencia”.
“Los sacerdotes viven la violencia como en tiempos de guerra. En algunas zonas como Chihuahua, Sinaloa, Durango y Tamaulipas (en el norte del país), el sacerdocio se ha vuelto ‘capellán de guerra'. Aquí los delincuentes actúan a sangre fría”, indica el estudio Análisis de los Atentados contra Sacerdotes en México del CCM.
Raúl Vera, obispo de Saltillo, capital del estado de Coahuila fronterizo con Estados Unidos y donde los enfrentamientos del narcotráfico se han extendido las últimas semanas, dijo a la AFP que no son raros los reportes de sacerdotes amenazados por su labor pastoral.
“Han recibido llamadas telefónicas de personas que les dicen que tienen que pagar ‘piso'” (extorsión) señala Vera, que en 2010 ganó el premio mundial de la fundación noruega Rafto de derechos humanos por su valentía al denunciar las acciones de los grupos criminales, pero también los abusos de las autoridades.
El mismo Vera fue blanco de esas amenazas y reconoce que varios de sus sacerdotes han debido recibir protección, especialmente los que trabajan en las casas habilitadas como albergues de paso para miles de migrantes, en su mayoría centroamericanos, que a su paso por México rumbo a Estados Unidos son blanco de extorsiones, secuestros y matanzas por carteles como Los Zetas.
Han recibido “abundantes amenazas, y tienen medidas cautelares pero no funcionan del todo, ellos siguen estando en riesgo y siguen bajo constante acoso”.
Otro ejemplo es el sacerdote Alejandro Solalinde, director de un albergue en Oaxaca (sur, fronterizo con Guatemala), que se hizo conocido a nivel nacional por denunciar la colusión de autoridades de migración y policía locales con los grupos del narcotráfico que secuestran y extorsionan a los migrantes.
Solalinde prosigue su trabajo, pese a las numerosas amenazas de muerte y Amnistía Internacional inició una campaña para exigir a las autoridades que garanticen su vida.
“Somos un impedimento para el crimen organizado porque los secuestros de migrantes son un negocio muy jugoso”, subraya Vera.
Pero la Iglesia no escapa a otro tipo de presión más sutil: la de los jugosos donativos de narcotraficantes para construir templos o sostener obras benéficas.
El caso más evidente se dio en 2010 cuando el nombre del líder de Los Zetas -un cartel creado por militares que desertaron en los años 90- Heriberto Lazcano, por cuya cabeza se ofrecen 7 de millones de dólares de recompensa, apareció en una placa al inaugurarse un centro de catequesis católico en la zona de San Juan de Los Lagos (Hidalgo, centro).
“Señor, escucha mi oración, atiende a mis plegarias, respóndeme, tú que eres fiel y justo” señalaba la oración en la placa donde se leía claramente que el centro había sido donado por Lazcano. El sacerdote fue suspendido y la fiscalía inició un investigación en su contra.
“Sabemos que los narcos (…) buscan una manera de redimirse en términos religiosos, los pecados no pueden ser lavados por una donación”, dijo Hugo Valdemar, vocero de la Arquidiócesis de México.
La visita del Papa estuvo precedida por un pedido de José Martín Rábago, arzobispo de León, ciudad donde se alojará Benedicto XVI, para que los carteles hagan una tregua.
Los Caballeros Templarios, un cartel escindido de la sangrienta organización La Familia Michoacana -que alardea de tener principios basados en la Biblia- respondieron anunciando que no generaran violencia. El gobierno asegura que la seguridad papal está garantizada.
En México operan al menos siete grandes cárteles de drogas y unos cuatro pequeños.
Durante el gobierno del presidente Felipe Calderón, que lanzó los operativos antidroga con alta participación militar, han sido asesinados 13 sacerdotes y una periodista de un movimiento misionero laico católico fue decapitada y su cabeza dejada sobre un teclado a la entrada de un diario del estado de Tamaulipas, noreste.
“México se ha convertido en el país latinoamericano más peligroso para ejercer el ministerio sacerdotal”, señala un estudio del Centro Católico Multimedial (CCM) difundido recientemente en la prensa mexicana.
El cardenal hondureño Oscar Rodríguez Maradiaga, presidente de Caritas International, dijo a la AFP en Roma que el papa Benedicto XVI condenará el “flagelo del narconegocio” durante el viaje a México del 23 al 26 de marzo y se dirigirá con “claridad” a los narcotraficantes “que pretenden ser católicos” pero son “artífices de gran parte de la violencia”.
“Los sacerdotes viven la violencia como en tiempos de guerra. En algunas zonas como Chihuahua, Sinaloa, Durango y Tamaulipas (en el norte del país), el sacerdocio se ha vuelto ‘capellán de guerra'. Aquí los delincuentes actúan a sangre fría”, indica el estudio Análisis de los Atentados contra Sacerdotes en México del CCM.
Raúl Vera, obispo de Saltillo, capital del estado de Coahuila fronterizo con Estados Unidos y donde los enfrentamientos del narcotráfico se han extendido las últimas semanas, dijo a la AFP que no son raros los reportes de sacerdotes amenazados por su labor pastoral.
“Han recibido llamadas telefónicas de personas que les dicen que tienen que pagar ‘piso'” (extorsión) señala Vera, que en 2010 ganó el premio mundial de la fundación noruega Rafto de derechos humanos por su valentía al denunciar las acciones de los grupos criminales, pero también los abusos de las autoridades.
El mismo Vera fue blanco de esas amenazas y reconoce que varios de sus sacerdotes han debido recibir protección, especialmente los que trabajan en las casas habilitadas como albergues de paso para miles de migrantes, en su mayoría centroamericanos, que a su paso por México rumbo a Estados Unidos son blanco de extorsiones, secuestros y matanzas por carteles como Los Zetas.
Han recibido “abundantes amenazas, y tienen medidas cautelares pero no funcionan del todo, ellos siguen estando en riesgo y siguen bajo constante acoso”.
Otro ejemplo es el sacerdote Alejandro Solalinde, director de un albergue en Oaxaca (sur, fronterizo con Guatemala), que se hizo conocido a nivel nacional por denunciar la colusión de autoridades de migración y policía locales con los grupos del narcotráfico que secuestran y extorsionan a los migrantes.
Solalinde prosigue su trabajo, pese a las numerosas amenazas de muerte y Amnistía Internacional inició una campaña para exigir a las autoridades que garanticen su vida.
“Somos un impedimento para el crimen organizado porque los secuestros de migrantes son un negocio muy jugoso”, subraya Vera.
Pero la Iglesia no escapa a otro tipo de presión más sutil: la de los jugosos donativos de narcotraficantes para construir templos o sostener obras benéficas.
El caso más evidente se dio en 2010 cuando el nombre del líder de Los Zetas -un cartel creado por militares que desertaron en los años 90- Heriberto Lazcano, por cuya cabeza se ofrecen 7 de millones de dólares de recompensa, apareció en una placa al inaugurarse un centro de catequesis católico en la zona de San Juan de Los Lagos (Hidalgo, centro).
“Señor, escucha mi oración, atiende a mis plegarias, respóndeme, tú que eres fiel y justo” señalaba la oración en la placa donde se leía claramente que el centro había sido donado por Lazcano. El sacerdote fue suspendido y la fiscalía inició un investigación en su contra.
“Sabemos que los narcos (…) buscan una manera de redimirse en términos religiosos, los pecados no pueden ser lavados por una donación”, dijo Hugo Valdemar, vocero de la Arquidiócesis de México.
La visita del Papa estuvo precedida por un pedido de José Martín Rábago, arzobispo de León, ciudad donde se alojará Benedicto XVI, para que los carteles hagan una tregua.
Los Caballeros Templarios, un cartel escindido de la sangrienta organización La Familia Michoacana -que alardea de tener principios basados en la Biblia- respondieron anunciando que no generaran violencia. El gobierno asegura que la seguridad papal está garantizada.
En México operan al menos siete grandes cárteles de drogas y unos cuatro pequeños.
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