Peru: Torpedeando al país – por Jaime de Althaus Guarderas

Alberto Borea y Javier Valle Riestra han decidido torpedear las bases económicas del gobierno de Ollanta Humala y sus posibilidades de llevar a cabo una efectiva inclusión social. No se les ha ocurrido mejor idea, ad portas de una grave crisis económica internacional, que recoger firmas para retornar a la Constitución de 1979 reformada. Todos los esfuerzos del gobierno por inspirar confianza en los inversionistas, que es algo que no se consigue fácilmente ni menos en poco tiempo, se echarían por la borda ante la amenaza de un cambio constitucional que sembraría tal incertidumbre que acabaría por pasmar nuestro delicado crecimiento.


Y todo esto en nombre de una supuesta superioridad ética y democrática de la Constitución de 1979. Por favor. El origen de esa Constitución fue una dictadura militar que la necesitó como mecanismo de salida (por eso no participó Acción Popular, el partido que dos años después ganó las elecciones). Era el broche de oro que necesitaba la dictadura para salir airosa y entregar el poder a los civiles. La nueva Constitución debía consagrar las reformas estructurales de la revolución peruana, dándole, así, legitimidad histórica. Esa exigencia aparece explícitamente indicada en el decreto de convocatoria a la asamblea constituyente. Y, obedientemente, así ocurrió. La Constitución de 1979 consagra una economía estatista, intervencionista, proteccionista –con estabilidad laboral absoluta incluida– y una institucionalidad medieval en el agro, pues la tierra no se podía ni alquilar, porque solo se aceptaba la conducción directa de la tierra.
Fue ese modelo económico el responsable último de que el Perú quedara retrasado frente a Chile –cuando antes nuestro ingreso per cápita era mayor– y perdiera más de 30 años de crecimiento y generara una crisis que terminó en la hiperinflación del segundo lustro de los 80.
Incluso sus reglas constitucionales eran deficientes. El Congreso podía censurar ministros y solicitar la vacancia del presidente con solo mayoría simple y, en cambio, el presidente no podía disolver el Congreso sino luego de tres gabinetes censurados –algo impracticable– y su poder de veto de las leyes era limitado. Un desbalance notorio en favor del Congreso. Hasta la forma como estaba diseñada la bicameralidad –a la que sí habría que retornar, sin embargo–, era deficiente, pues ambas cámaras tenían iniciativa legislativa y no había división de funciones.
Pretender retornar a la Constitución del 79, como si fuera la Biblia, es un despropósito que solo puede anidar en personas a las que no les importa el país sino solo hacer prevalecer sus obsesiones personales.
Como si no tuviéramos suficientes problemas y no se tratara de consolidar un rumbo que el país, pese a todo, finalmente ha encontrado y que se halla plasmado, en lo que a régimen económico se refiere, precisamente en la Constitución de 1993.
* Jaime de Althaus Guarderas es magister en antropologia, director y conductor del programa “La hora N”, columnista del diario El Comercio y autor de varios libros sobre desarrollo nacional.